EDITORIAL/Sayda Morales Bustamante
Cuando una institución acumula tropiezos técnicos, pierde litigios estratégicos y exhibe deficiencias en la redacción de iniciativas, decretos o defensas legales, no es casualidad. La mediocridad institucional casi siempre tiene un origen claro: la falta de preparación, experiencia y mérito en quienes ocupan los cargos.
La Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca atraviesa desde hace tiempo una etapa de cuestionamientos públicos. Fracasos procesales, criterios mal sustentados y una narrativa defensiva que no resiste análisis técnico. Y cuando se revisa quiénes integran ciertos cuadros, la explicación comienza a tomar forma.
El caso de Sofía Velásquez Gabriel no es un asunto menor ni anecdótico. Es, en realidad, un síntoma. Una jefa de departamento en Técnica Legislativa —área donde se redactan leyes, reformas e iniciativas— que aún cursa la carrera de Derecho, que acreditó su condición académica con una boleta de calificaciones y que llegó al cargo bajo la sombra evidente del parentesco con Luis Ignacio Velásquez Zárate, Coordinador de Comunicación Social del Congreso.
La pregunta no es personal. Es estructural.
¿Cómo puede alguien sin título, sin experiencia profesional acreditada y sin trayectoria jurídica consolidada asumir responsabilidades técnicas que exigen formación especializada?
La respuesta que circula en pasillos oficiales es incómoda: porque puede. Porque tiene respaldo. Porque el sistema lo permite.
Consejería Jurídica se ha convertido —según múltiples señalamientos— en un espacio donde pesan más las recomendaciones que los currículums. Un refugio de cercanías políticas antes que de perfiles técnicos sólidos. Y cuando el mérito es desplazado por el parentesco, los resultados son inevitables.
Algunos comunicadores, con entusiasmo digno de mejor causa, han intentado reducir las denuncias a “calumnias” o “golpeteo político”. Sorprende que ignoren datos públicos disponibles en plataformas oficiales. Cuando la información está documentada y accesible, descalificar sin revisar evidencia no es defensa institucional; es simple negación. Y la negación, en el mejor de los casos, es ingenuidad. En el peor, complicidad intelectual.
La mediocridad no se construye de un día para otro. Se instala cuando se normaliza que un puesto técnico puede ser ocupado por alguien que aún no concluye su formación profesional. Se consolida cuando la experiencia deja de ser requisito y la cercanía se vuelve credencial suficiente.
Mientras jóvenes abogados titulados, con posgrados y años de práctica, buscan oportunidades en un mercado saturado, la señal que envía el gobierno es devastadora: lo determinante no es el mérito, sino el padrino.
Y luego nos preguntamos por qué la Consejería acumula derrotas jurídicas, por qué ciertas defensas se caen en tribunales o por qué la técnica legislativa exhibe inconsistencias.
Si la administración pública quiere recuperar credibilidad, el primer paso no es redactar códigos de conducta ni repetir principios de “no mentir, no robar, no traicionar”. El primer paso es profesionalizar en serio, transparentar nombramientos y romper con el tráfico de influencias.
Mientras la Consejería sea un espacio de recomendados sin carrera concluida, la mediocridad no será un accidente: será política institucional.
