Sayda Morales Bustamante
Trabajadores del Congreso del Estado de Oaxaca exigieron la realización de una auditoría inmediata a la gestión de Benjamín Viveros Montalvo, coordinador de la bancada de Morena y ex titula de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), tras denuncias internas que señalan un presunto uso irregular de la nómina legislativa y del presupuesto público para favorecer a personas cercanas.
De acuerdo con testimonios del propio personal del Poder Legislativo, al menos cuatro personas vinculadas directamente al legislador estarían cobrando sueldos superiores a los 100 mil pesos mensuales sin desempeñar funciones claras dentro de la estructura institucional del Congreso. 
Entre los nombres mencionados en las denuncias internas aparecen Héctor Villanueva, Emanuel Díaz, Rodolfo Arango y Hugo Salgado, quienes según denuncias figuran en la nómina como asesores o personal técnico, aunque trabajadores del Congreso aseguran que no cuentan con oficina, responsabilidades asignadas ni registro de actividades legislativas. 
La inconformidad entre el personal se intensificó luego de que testigos señalaran que el diputado fue visto de nuevo como la denuncia pasada, en una tienda departamental de Plaza Oaxaca acompañado por estas personas, quienes —según relatan— lo asistían durante compras de ropa, perfumes y artículos personales. 
Para empleados del Congreso, la escena simboliza lo que califican como un manejo faccioso de la nómina legislativa, donde el presupuesto público estaría siendo utilizado para sostener un círculo de colaboradores sin funciones institucionales visibles.
“Mientras a los trabajadores de base se nos recortan bonos, se congelan aumentos y faltan materiales básicos para operar, hay personas cobrando salarios de élite sin trabajar”, señaló uno de los empleados consultados.
Los denunciantes sostienen que las plazas se justifican administrativamente como asesorías legislativas, pero ninguna comisión ni área operativa reconoce a estas personas como parte del trabajo real del Congreso. 
Ante este escenario, trabajadores y ciudadanos han comenzado a exigir una revisión integral del manejo presupuestal dentro del Congreso del Estado, particularmente en la JUCOPO, órgano encargado de coordinar la operación política y administrativa del Poder Legislativo.
Las demandas incluyen:
• Auditoría a la nómina legislativa
• Publicación de contratos, funciones y percepciones salariales
• Revisión de posibles plazas fantasma o asesores sin funciones comprobables
El caso se suma a una creciente presión pública por transparentar el uso de los recursos del Congreso de Oaxaca, una institución que en los últimos años ha sido señalada por opacidad en la asignación de plazas y contratos.
Para los trabajadores inconformes, la discusión va más allá de un episodio aislado. Afirman que lo que está en juego es la credibilidad del Congreso y el manejo de recursos que provienen del erario público.
“Si el Congreso quiere recuperar confianza, lo primero que debe hacer es transparentar su propia casa”, expresó uno de los denunciantes.
