Sayda Morales Bustamante
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño a la Hacienda Pública por 64,862,673.68 pesos en el manejo de recursos vinculados al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) durante la gestión de su consejera presidenta, Elizabeth Sánchez González, de acuerdo con el Pliego de Observaciones 2024-A-20000-19-1470-06-002 derivado de la auditoría federal al gasto federalizado.
La revisión corresponde a la Auditoría de Cumplimiento 2024-A-20000-19-1470-2025, realizada bajo modalidad presencial a las participaciones federales transferidas al Gobierno del Estado de Oaxaca.
Según el documento oficial de la ASF, el presunto daño patrimonial asciende a 64 millones 862 mil 673 pesos con 68 centavos, además de los rendimientos financieros generados desde la disposición de los recursos hasta su eventual reintegro a las cuentas correspondientes.
El pliego de observaciones señala que el monto observado se origina por la falta de documentación justificativa del gasto en dos contratos firmados el 29 de marzo de 2024, ambos ejecutados por el IEEPCO.
De acuerdo con la ASF, el instituto no acreditó adecuadamente la aplicación de los recursos públicos, lo que constituye un presunto incumplimiento de diversas disposiciones legales.
Entre las normativas señaladas como vulneradas se encuentran:
• Ley General de Contabilidad Gubernamental, artículos 42, 43 y 70 fracciones I y V.
• Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, artículos 11, 71, 72 y 74.
La auditoría federal subraya que la ausencia de documentación comprobatoria impide acreditar la legalidad, transparencia y destino del gasto público, lo que motivó la emisión del pliego de observaciones por un monto millonario.
La gravedad del señalamiento no es menor. El IEEPCO es el organismo encargado de organizar y vigilar los procesos electorales en Oaxaca, por lo que cualquier irregularidad financiera impacta directamente en la credibilidad de la institución.
El señalamiento de la ASF coloca nuevamente bajo la lupa la gestión administrativa encabezada por Elizabeth Sánchez González, quien en los últimos años ha enfrentado críticas por la conducción interna del organismo electoral.
Analistas y actores políticos han advertido previamente sobre conflictos administrativos, cuestionamientos en contrataciones y decisiones institucionales polémicas, un contexto que ahora se agrava con la observación federal que apunta a un posible daño patrimonial superior a 64 millones de pesos.
¿Cómo puede un órgano encargado de garantizar la legalidad electoral enfrentar observaciones millonarias por irregularidades en el manejo de recursos públicos?
