Sayda Morales Bustamante
Hay crímenes que no prescriben. Hay funcionarios que sí. Y hay gobiernos que, pudiendo actuar, prefieren mirar hacia otro lado. La llamada Primavera Oaxaqueña lleva demasiado tiempo siendo exactamente eso: tibia, condescendiente y peligrosamente blanda con los carniceros del sexenio pasado.
Raymundo Tuñón Jáuregui, extitular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca es uno de ellos.
El 13 de octubre de 2017, tres patrullas de la Policía Estatal irrumpieron en el rancho “La Engorda”, en la carretera Tuxtepec-Palomares. Lo que ocurrió adentro no fue un operativo: fue un atraco con uniforme. Policías encapuchados saquearon la propiedad y torturaron al velador Abraham Calderón Sandoval mediante el método del “submarino”. Asfixia controlada. La Secretaría de Seguridad fabricó una versión de “enfrentamiento” para cubrirlo. Cuando Ciro Gómez Leyva lo confrontó, Tuñón retó a la prensa a presentar pruebas. Horas después, las cámaras del rancho lo desmintieron en cadena nacional.
Los 15 policías detenidos no eran elementos extraviados: pertenecían a la DRAI, unidad que dependía directamente de Tuñón Jáuregui. Eran su gente.
Eso ya sería suficiente para que cualquier gobierno hubiera actuado. Pero hay algo más. Algo que define con mayor crudeza lo que fue Tuñón Jáuregui como titular de la SSPO, y que la Primavera Oaxaqueña ha preferido guardar en un cajón.
Durante su gestión, Tuñón operó una casa de escuchas. Un aparato de espionaje ilegal. Un sistema de interceptación montado no contra el crimen organizado, sino contra quienes incomodaban al régimen: políticos de oposición, periodistas, activistas sociales. Y entre los objetivos de esa vigilancia ilegal no había nombres menores. Estaban el hoy gobernador Salomón Jara Cruz. Jesús Romero López, hoy titular de la Secretaría General de Gobierno. Y Flavio Sosa Villavicencio.
El hombre que hoy gobierna el estado fue espiado por el hombre que hoy vende gas. El funcionario que hoy dirige la Secretaría General de Gobierno también fue intervenido ilegalmente por ese mismo aparato. Y la administración que los cobija a ambos no ha abierto un solo expediente al respecto.
Espiar al gobernador, al secretario de gobierno y a líderes sociales es un delito grave. Es el uso del aparato de seguridad del Estado para perseguir, vigilar y potencialmente chantajear a adversarios políticos. Es exactamente el tipo de operación que los regímenes autoritarios montan para perpetuarse. Y en Oaxaca ocurrió. Está documentado. Y nadie ha respondido por ello.
Tuñón Jáuregui encubrió tortura, montó un sistema de espionaje político y hoy se pasea como empresario del Gas de Oaxaca con una tranquilidad que ofende. Sin proceso. Sin rendición de cuentas. Sin que el gobierno al que espiara haya tenido el valor de señalarlo.
Que quede claro para quienes administran la justicia en Oaxaca: el delito de tortura y espionaje es imprescriptible. Está tipificado como crimen de lesa humanidad. No lo salva el tiempo, no lo borra el olvido y no lo blanquea ningún giro comercial.
La Primavera Oaxaqueña puede seguir mirando hacia otro lado. Pero la impunidad que no se nombra también se hereda. Y gobernar sobre los archivos que otros dejaron sin abrir no es transformación. Es continuidad.
Tuñón Jáuregui espió al gobernador. Torturó a un ciudadano. Mintió a la nación. Y hoy vende gas.
Alguien tendrá que explicar por qué eso todavía no tiene consecuencias.
