Sayda Morales Bustamante
Una revisión a registros públicos y bases de datos oficiales revela nuevas inconsistencias en el caso de Sofía Velásquez Gabriel, hija del Coordinador de Comunicación Social del Congreso del Estado, Luis Ignacio Velásquez Zárate, quien ocupa un cargo de jefatura dentro de la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca sin haber concluido la licenciatura en Derecho.
De acuerdo con información disponible en las redes sociales de Geovany Vásquez Sagrero ( titular de la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca), Sofía Velásquez Gabriel figura como servidora pública en la Consejería Jurídica desde 2024. Sin embargo según datos de la Plataforma Nacional de Transparencia, en el mismo periodo —del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024— aparece también en padrones de beneficiarios de la Beca Benito Juárez, programa federal destinado a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
La coincidencia temporal plantea preguntas que el Gobierno del Estado debe responder con claridad.
Dos padrones, un mismo año
Por un lado, los registros administrativos la ubican desempeñándose como funcionaria en el equipo jurídico del Ejecutivo estatal. Por otro, los padrones federales la identifican como beneficiaria activa de un programa social diseñado para apoyar económicamente a estudiantes que no cuentan con recursos suficientes.
No se trata únicamente de un debate moral, sino de consistencia institucional.
¿Puede una persona que percibe un salario como servidora pública durante todo el ejercicio fiscal 2024 mantener simultáneamente la condición de beneficiaria de un programa social dirigido a población estudiantil en situación vulnerable?
Si la respuesta es sí, el Gobierno debe explicar bajo qué criterios. Si la respuesta es no, entonces alguien omitió información o permitió una irregularidad.
La controversia no inicia aquí. Sofía Velásquez Gabriel fue designada como Jefa de Departamento de Técnica Legislativa en la Consejería Jurídica, área responsable de la redacción de iniciativas, decretos y reformas legales.
En su declaración patrimonial, ella misma establece que la Licenciatura en Derecho en la UABJO se encuentra en estatus “Cursando”, y que el documento acreditado es una boleta de calificaciones. Es decir, no cuenta con título ni cédula profesional.
Aun así, ocupa una jefatura técnica dentro del aparato jurídico del Ejecutivo.
El contexto político es inevitable. Su padre, Luis Ignacio Velásquez Zárate, es el actual Coordinador de Comunicación Social del Congreso de Oaxaca y figura cercana al equipo político en el poder. El vínculo familiar no es un dato menor cuando se analiza la velocidad de su ascenso y las condiciones de su nombramiento.
En Oaxaca, cientos de jóvenes abogados titulados —con cédula profesional y experiencia— permanecen desempleados o con contratos eventuales. Mientras tanto, una estudiante sin título ocupa una posición directiva.
Si a eso se suma la permanencia en padrones de becas federales durante el mismo año en que ejercía funciones públicas remuneradas, el contraste es aún más evidente.
El gobierno que se presenta como “diferente” ha hecho del combate al nepotismo y de la ética pública una bandera constante. Sin embargo, casos como este tensionan ese discurso.
Primero, el acceso a un cargo técnico sin acreditar título profesional. Segundo, la posibilidad de compatibilizar salario público y beca federal.
Tercero, la percepción de flexibilidad laboral por “cuestiones académicas” mientras se ocupa una jefatura.
No se trata de criminalizar la juventud ni de cuestionar el derecho a estudiar. Se trata de coherencia institucional.
Si una persona es considerada apta para redactar leyes y percibir recursos públicos como funcionaria, ¿bajo qué argumento se mantiene como beneficiaria de un programa social dirigido a estudiantes en condición de apoyo económico?
Cuando el poder se presenta como distinto, debe ser más escrupuloso que sus antecesores. Y cuando se privilegia a familiares de funcionarios, la credibilidad se erosiona.
El caso Sofía Velásquez Gabriel ya no es únicamente un debate sobre nepotismo. Ahora es también una prueba sobre la congruencia del discurso oficial frente al uso simultáneo de cargos públicos y programas sociales.
