Sayda Morales Bustamante
El asesinato del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, ocurrido el 17 de junio de 2021 en Santo Domingo Tehuantepec, sigue siendo uno de los casos más graves de violencia contra la prensa en Oaxaca. Cuatro años después, el crimen permanece en impunidad total, mientras una de las figuras políticas señaladas en el contexto del caso —Vilma Martínez Cortés— hoy ocupa un cargo dentro del gobierno estatal como titular de la Secretaría de Bienestar, Tequio e Inclusión (SEBIENTI).
La paradoja es brutal: el periodista que denunció amenazas vinculadas al poder municipal terminó asesinado a tiros, y la figura política que él mismo señaló públicamente forma hoy parte de la estructura del poder estatal e incluso aparece en escenarios políticos como posible aspirante a encabezar el gobierno estatal en un eventual interinato de dos años.
Gustavo Sánchez Cabrera cubría crimen organizado, corrupción municipal y conflictos sociales en el Istmo de Tehuantepec para el medio Panorama Pacífico y a través de su página informativa Noticias Minuto a Minuto.
Desde 2014 había denunciado amenazas contra su vida. Su trabajo periodístico se centraba en temas sensibles: homicidios locales, redes criminales, protestas sociales y denuncias de corrupción en autoridades municipales.
El 20 de junio de 2020, Sánchez Cabrera sufrió un atentado armado en su domicilio. Tras el ataque declaró ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que el atentado se realizó por órdenes de la entonces presidenta municipal de Santo Domingo Tehuantepec, Vilma Martínez Cortés.
El periodista señaló como ejecutor material a Esteban de la Cruz Lagunas, quien —según la denuncia— lo amenazó directamente diciéndole que “le bajara”.
Después del atentado de 2020, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca emitió una orden de aprehensión contra Esteban de la Cruz Lagunas. La orden nunca se ejecutó.
El agresor tenía vínculos con el entorno político municipal. Era familiar de Pedro González Fuentes, exagente municipal de Morro Mazatán y cercano al círculo político de la alcaldesa Vilma Martínez.
La omisión de las autoridades fue uno de los elementos que más tarde señalaría la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como parte de un patrón de negligencia institucional.
Tras múltiples amenazas, Gustavo Sánchez solicitó protección federal.
La ayuda nunca llegó.
El periodista fue incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero nunca recibió escoltas, chaleco antibalas ni botón de pánico.
En sus últimas comunicaciones con organizaciones internacionales, Sánchez describió su situación con una frase que hoy resulta estremecedora:
“Temo por mi vida… pero tengo que salir a trabajar para mantener a mi familia.”
La mañana del 17 de junio de 2021, Gustavo Sánchez Cabrera circulaba en motocicleta acompañado de su hijo de 15 años. Un automóvil los embistió. Dos hombres descendieron y dispararon al menos 15 balas calibre 9 mm. El periodista murió con un disparo en la cabeza.
Su hijo sobrevivió al ataque.
La propia Fiscalía de Oaxaca reconoció que el crimen estaba relacionado con su trabajo periodístico, particularmente con denuncias contra actores políticos locales.
La Recomendación 121/2022 de la CNDH concluyó que existieron: omisiones, negligencia, dilación e incumplimiento de funciones. El Estado mexicano terminó reconociendo su responsabilidad institucional.
En junio de 2024, autoridades federales y estatales ofrecieron una disculpa pública a la familia del periodista. Nadie ha sido condenado.
Hoy, Vilma Martínez Cortés ya no es presidenta municipal. Es secretaria estatal en el gobierno de Oaxaca, titular de SEBIENTI. Su nombre incluso ha circulado dentro de análisis políticos como posible figura para encabezar un gobierno interino de dos años en el estado.
Ese escenario abre una pregunta inevitable.
¿Cómo puede aspirar a posiciones más altas del poder político una figura cuyo entorno fue señalado en el contexto de uno de los asesinatos más graves contra la prensa en Oaxaca?
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.
Y en Oaxaca, el caso de Gustavo Sánchez Cabrera permanece como un recordatorio incómodo de cómo la violencia contra la prensa puede coexistir con la carrera política de quienes fueron señalados en su contexto.
