Sayda Morales Bustamante
Una revisión documental a declaraciones patrimoniales y registros del CV exhibe un caso de tráfico de influencias en el Congreso del Estado de Oaxaca: la designación de Sofía Velásquez Gabriel, hija del Coordinador de Comunicación Social del Congreso, Luis Ignacio Velásquez Zárate, en un cargo de jefatura de departamento dentro de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado, sin haber concluido la licenciatura en Derecho.
De acuerdo con la declaración patrimonial pública correspondiente al ejercicio 2025, Sofía Velásquez Gabriel se desempeña como Jefa de Departamento de Técnica Legislativa, adscrita al Ejecutivo estatal, con nivel 16A, en funciones que incluyen la redacción de leyes, iniciativas, decretos y reformas.
Sin embargo, en el apartado curricular de la misma declaración se establece que su nivel académico es Licenciatura en Derecho en la UABJO, con estatus “Cursando” y como documento obtenido únicamente una boleta de calificaciones con fecha de febrero de 2025.
Aun así, ostenta un cargo técnico que exige conocimientos especializados en técnica normativa, constitucionalismo, armonización legislativa y control de legalidad.
El área de Técnica Legislativa no es una oficina administrativa menor: es el espacio donde se estructuran reformas legales, se corrigen vicios de inconstitucionalidad y se redactan iniciativas que impactan la vida pública del estado.
Estos puestos suelen requerir experiencia comprobable en derecho parlamentario, redacción jurídica avanzada y, como mínimo, título profesional.
¿Con qué criterios se determinó que una estudiante en formación podía ocupar una jefatura encargada de redactar leyes?
El nombramiento ocurre en un contexto donde su padre, Luis Ignacio Velásquez Zárate, es el actual Coordinador de Comunicación Social del Congreso de Oaxaca y ha mantenido cercanía política con el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado, Geovanny Vásquez Sagrero.
Velásquez Zárate fue identificado durante años como operador mediático cercano al consejero jurídico y a otros funcionarios de la “primavera Oaxaqueña”, lo que ahora coloca bajo sospecha la designación de su hija en una posición estratégica dentro del aparato legal del Ejecutivo.
Trabajadores del área jurídica señalan que la funcionaria no acude a trabajar y que cuando lo hace, acude solo a tomarse fotos.
Mientras cientos de jóvenes abogados titulados, con cédula profesional y experiencia en litigio o investigación jurídica, enfrentan desempleo o precariedad laboral, una estudiante sin título ocupa una jefatura de nivel directivo.
La Consejería Jurídica ha sido señalada en distintos momentos por errores técnicos, controversias legales mal defendidas y observaciones judiciales.
Cuando quienes redactan decretos o iniciativas no cuentan con formación completa, los riesgos de inconstitucionalidad, lagunas legales y derrotas judiciales aumentan.
El señalamiento adquiere mayor peso si se confronta con el discurso oficial impulsado por el propio consejero jurídico bajo el llamado “Código de Conducta”, cuyos principios públicos son:
No mentir, no robar y no traicionar.
La designación de familiares sin cumplir con requisitos profesionales elementales contradice ese mensaje.
Si la ética pública es real, debe aplicarse primero en casa.
Es una discusión sobre el uso patrimonialista de las estructuras del Estado, la captura de espacios técnicos por redes de confianza política y el desplazamiento del mérito académico.
